El debate parlamentario del miércoles arrojó poca luz sobre las cuestiones claves de la trama y la responsabilidad del presidente
Desde que hace dos años y medio detonó la bomba de los ERE, la estrategia de defensa del Gobierno andaluz ha pasado por tres fases. La primera fue la de negación de las irregularidades. La segunda: minimizar su trascendencia poniendo en circulación la célebre teoría de«los tres o cuatro golfos». Y la tercera: diluir las responsabilidades políticas en una denuncia generalizada de un abuso de confianza, cambiar la norma de reparto de las ayudas sociolaborales para que tan nefandos hechos no vuelva a repetirse y, por último, blasonar de colaboración con la justicia y de transparencia montando una comisión de investigación que se zanjó sin dimisiones ni responsables.
1. ¿Cómo se mantuvo diez años «un sistema establecido» de corrupción sin que nadie se percatarse?
El caso de los ERE ha cambiado de foco. El fraude va más allá de las prejubilaciones trucadas y el reparto arbitrario de ayudas a empresas en «una especie de clientelismo en torno al PSOE y la Junta de Andalucía». La instructora sospecha que funcionó una corrupción institucionalizada en el seno del Gobierno andaluz. Nadie, hasta ahora, ha sabido explicar cómo pudo mantenerse durante diez años (2001/10) un «sistema perfectamente establecido» con el total desconocimiento de quienes tomaban las decisiones en el Consejo de Gobierno. Una simple llamada telefónica habría bastado para frenarlo. Lo advirtió el interventor general de la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010, Manuel Gómez Martínez: «Todo el tinglado de corrupción se habría podido desmantelar en 24 horas con una orden verbal». Pero nadie la dio. Por qué.
2. ¿Por qué no cambiaron el procedimiento cuando se alertó de su ilegalidad?
Las alarmas saltaron, pero no las vieron o no quisieron verlas. Hasta en «quince momentos diferentes» el interventor alertó de deficiencias en el procedimiento de reparto del dinero al auditar las cuentas del IFA o IDEA. Remitió los informes con los reparos a partir de 2005 a losconsejeros de Empleo, de Innovación y de Hacienda, cartera que ocupó Griñán entre 2004 y 2009, que era el responsable de garantizar la estabilidad presupuestaria en los distintos departamentos.
3. ¿Por qué Griñán ignoró los avisos del interventor?
En aquel momento nada se sabía del fraude, pero sí se conocían las lagunas legales que lo propiciaron. Griñán ha alegado que nunca leyó el informe, que fue remitido a su atención como era preceptivo, según indicó el interventor. Ayer incluso llegó a señalar que dichos informes «no llegaron» a la Consejería. Algo que contradice a su entonces viceconsejera de Hacienda (y hoy consejera), Carmen Martínez Aguayo, quien argumentó en su día que los recibió pero no se lo entregó a su superior jerárquico porque no lo juzgó necesario. En cualquier caso, en los mismos «no se pedía para nada una actuación de Hacienda», proclamó ayer Griñán.
4. ¿Por qué lo sufragó cuando Guerrero gastaba más dinero del que disponía?
Pero, paradójicamente, Griñán actuó en el ámbito que le competía aumentando la partida para los ERE en hasta 40 millones de eurospara saldar el desequilibrio económico que la gestión rumbosa del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero había provocado en las arcas de la agencia pagadora, ya que gastaba más dinero del que disponía. No desmontó el sistema, porque directamente esa tarea le correspondía al consejero de Empleo, pero lo sostuvo y lo sufragó. El mandatario alega en su descargo que las modificaciones presupuestarias son «decisiones independientes del proceso de gestión del gasto» y contaban con los informes de su departamento y del interventor. De hecho, según la memoria económica de la agencia IDEA, el déficit generado por Guerrero alcanzó nada menos que 95 millones de euros, como recordó el PP en la comisión de investigación.
5. ¿Por qué se pagaron sobrecomisiones con las que se lucraron altos cargos?
Nadie ha aclarado por qué se pagaban sobreprecios desorbitados(de hasta el 25% del coste de un ERE) a una cadena de comisionistas por tramitar las pólizas de prejubilación, dinero que luego volvió a Guerrero y otros cargos públicos en forma de «dávidas». Un negocio «cuyo volumen se incrementa mientras más ayudas se otorguen aunque no exista partida presupuestaria para ello», según destacó la juez, y del que se beneficiaron empresarios, bufetes de abogados y sindicatos. La intermediación que se ejercía sin concurso público era totalmente prescindible y, de hecho, en octubre pasado sacó una norma para eliminarlos.
6. ¿Por qué se quisieron ocultar actas a la juez y expurgaron papeles?
El argumento de la Junta sobre su colaboración «proactiva» con la justicia flaquea con las insinuaciones que se han vertido contra la juez instructora, el conflicto de las actas del Consejo de Gobierno (que no quería entregar) y las críticas a las imputaciones de altos cargos, como del que fuera director de Trabajo con Griñán, Daniel Alberto Rivera. Tampoco se ha aclarado por qué se expugaran documentosde los ERE antes de remitirlos a la justicia durante el fin de semana del 20 al 21 de noviembre de 2010 en la Consejería de Empleo.
7. ¿Por qué no ha sido destituido nadie pese al escándalo?
El caso ERE sigue sin una «cabeza» política. Los dirigentes de la Junta más vinculados con el caso -el propio Guerrero, Antonio Fernández,José Antonio Viera...- han desaparecido de la administración y de la primera línea política, pero siempre se le ha ofrecido la salida digna de una dimisión o un cese al margen del escándalo. La cuestión es evidente: si la propia Junta de Andalucía detectó el fraude y su gravedad, como sostiene Griñán, ¿por qué no hay un sólo dirigente destituido por el «caso ERE»?
me hace mucha gracia que critiqueis esto cuando hace ya un par de meses que vuestro amado lider no se digna a responder a ninguna pregunta y se esconde tras un plasma, cinismo puro!!!
ResponderEliminar