EL GOBIERNO DE ESPAÑA CREA MEDIDAS DESTINADAS A LA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA JÓVENES MIENTRAS QUE LA JUNTA DE ANDALUCÍA TIENE PARALIZADAS LAS POLÍTICAS DE EMPLEO El PP asegura en rueda de prensa en Baza

• Las medidas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy están dirigidas a “luchar contra el paro en las comarcas de Baza y Huéscar, haciendo especial hincapié en los colectivos de las mujeres y los jóvenes”, ha enfatizado Mª José Martín

• Rafa Caracuel ha destacado algunas de las medidas como la reducción entre 75% y 100% de las cuotas sociales por la contratación de menores de 30 años sin experiencia laboral previa, una reducción del 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social por la contratación de jóvenes de 30 años y la creación del contrato Primer Empleo Joven

18. Marzo. 2013.- El Partido Popular ha informado sobre el paquete de medidas de políticas de empleo llevadas cabo por el Ejecutivo de España  dirigidas a paliar la grave lacra del desempleo juvenil. 

La senadora y  presidenta local del PP en Baza, Mª José Martín, ha afirmado que en comarcas como Baza o Huéscar estas políticas son muy necesarias debido a que la tasa de desempleo es muy superior  a la media nacional. Al mismo tiempo Martín ha criticado que “ante la ausencia de medidas de estímulo efectivas por parte de la Junta de Andalucía, titular de las competencias en políticas activas de empleo desde hace más de una década, el Gobierno Nacional ha impulsado un plan estratégico para el empleo juvenil”.

La senadora popular ha reseñado que las medidas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy están dirigidas a luchar contra el drama del paro en nuestra Comarca, haciendo hincapié en colectivos desfavorecidos como las mujeres y los jóvenes, ante la pasividad e inacción del Gobierno Andaluz, más preocupado por mantener la administración paralela que en solucionar los verdaderos problemas de los andaluces como el paro.

El presidente de NNGG de Granada, Rafa Caracuel, ha afirmado que entre las medidas que va a poner en marcha el Ejecutivo central está la reducción entre 75% y 100% de las cuotas sociales por la contratación de menores de 30 años sin experiencia laboral previa, una medida que afecta a 1300 jóvenes demandantes de empleo de las comarca de Baza y Huéscar. Caracuel ha señalado que también se va a aplicar una reducción del 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social por la contratación de jóvenes de 30 años, además de la creación del contrato Primer Empleo Joven, transformando los contratos temporales en indefinidos con la bonificación de quinientos euros al año durante tres años o setecientos euros en el caso de las mujeres; y por último, bonificaciones para la contratación de menores de 30 años en las empresas del tercer sector.

A juicio de Mª José Martín, las medidas de empleo joven puestas en marcha por el Gobierno de España afectaran a 2.467 jóvenes menores de 30 años, 1.183 hombres y 1.284 mujeres. Además, Martín ha resaltado que “1.800 jóvenes demandantes de empleo podrán beneficiarse de la tarifa plana de 50 € para nuevos emprendedores, pudiendo compatibilizar el desempleo con el alta de autónomos, afectando al 40% de los perceptores de prestaciones en las comarcas, y ampliando el plazo para reanudar el cobro de la prestación por desempleo de 2 a 5 años”.

Martín ha finalizado señalando que las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo popular de Mariano Rajoy tienen como objetivos principales el “mejorar la empleabilidad de los jóvenes, aumentar la calidad y estabilidad del empleo, promover la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral y el fomento de la cultura emprendedora”.

Griñan en su comparecencia deja siete preguntas sin responder del caso de los ERE tras mas de mil millones saqueados a los parados andaluces

El debate parlamentario del miércoles arrojó poca luz sobre las cuestiones claves de la trama y la responsabilidad del presidente

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, el pasado miércoles poco antes de su comparecencia en el Parlamento

Desde que hace dos años y medio detonó la bomba de los ERE, la estrategia de defensa del Gobierno andaluz ha pasado por tres fases. La primera fue la de negación de las irregularidades. La segunda: minimizar su trascendencia poniendo en circulación la célebre teoría de«los tres o cuatro golfos». Y la tercera: diluir las responsabilidades políticas en una denuncia generalizada de un abuso de confianza, cambiar la norma de reparto de las ayudas sociolaborales para que tan nefandos hechos no vuelva a repetirse y, por último, blasonar de colaboración con la justicia y de transparencia montando una comisión de investigación que se zanjó sin dimisiones ni responsables.

1. ¿Cómo se mantuvo diez años «un sistema establecido» de corrupción sin que nadie se percatarse?

El caso de los ERE ha cambiado de foco. El fraude va más allá de las prejubilaciones trucadas y el reparto arbitrario de ayudas a empresas en «una especie de clientelismo en torno al PSOE y la Junta de Andalucía». La instructora sospecha que funcionó una corrupción institucionalizada en el seno del Gobierno andaluz. Nadie, hasta ahora, ha sabido explicar cómo pudo mantenerse durante diez años (2001/10) un «sistema perfectamente establecido» con el total desconocimiento de quienes tomaban las decisiones en el Consejo de Gobierno. Una simple llamada telefónica habría bastado para frenarlo. Lo advirtió el interventor general de la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010, Manuel Gómez Martínez: «Todo el tinglado de corrupción se habría podido desmantelar en 24 horas con una orden verbal». Pero nadie la dio. Por qué.

2. ¿Por qué no cambiaron el procedimiento cuando se alertó de su ilegalidad?

Las alarmas saltaron, pero no las vieron o no quisieron verlas. Hasta en «quince momentos diferentes» el interventor alertó de deficiencias en el procedimiento de reparto del dinero al auditar las cuentas del IFA o IDEA. Remitió los informes con los reparos a partir de 2005 a losconsejeros de Empleo, de Innovación y de Hacienda, cartera que ocupó Griñán entre 2004 y 2009, que era el responsable de garantizar la estabilidad presupuestaria en los distintos departamentos.

3. ¿Por qué Griñán ignoró los avisos del interventor?

En aquel momento nada se sabía del fraude, pero sí se conocían las lagunas legales que lo propiciaron. Griñán ha alegado que nunca leyó el informe, que fue remitido a su atención como era preceptivo, según indicó el interventor. Ayer incluso llegó a señalar que dichos informes «no llegaron» a la Consejería. Algo que contradice a su entonces viceconsejera de Hacienda (y hoy consejera), Carmen Martínez Aguayo, quien argumentó en su día que los recibió pero no se lo entregó a su superior jerárquico porque no lo juzgó necesario. En cualquier caso, en los mismos «no se pedía para nada una actuación de Hacienda», proclamó ayer Griñán.

4. ¿Por qué lo sufragó cuando Guerrero gastaba más dinero del que disponía?

Pero, paradójicamente, Griñán actuó en el ámbito que le competía aumentando la partida para los ERE en hasta 40 millones de eurospara saldar el desequilibrio económico que la gestión rumbosa del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero había provocado en las arcas de la agencia pagadora, ya que gastaba más dinero del que disponía. No desmontó el sistema, porque directamente esa tarea le correspondía al consejero de Empleo, pero lo sostuvo y lo sufragó. El mandatario alega en su descargo que las modificaciones presupuestarias son «decisiones independientes del proceso de gestión del gasto» y contaban con los informes de su departamento y del interventor. De hecho, según la memoria económica de la agencia IDEA, el déficit generado por Guerrero alcanzó nada menos que 95 millones de euros, como recordó el PP en la comisión de investigación.

5. ¿Por qué se pagaron sobrecomisiones con las que se lucraron altos cargos?

Nadie ha aclarado por qué se pagaban sobreprecios desorbitados(de hasta el 25% del coste de un ERE) a una cadena de comisionistas por tramitar las pólizas de prejubilación, dinero que luego volvió a Guerrero y otros cargos públicos en forma de «dávidas». Un negocio «cuyo volumen se incrementa mientras más ayudas se otorguen aunque no exista partida presupuestaria para ello», según destacó la juez, y del que se beneficiaron empresarios, bufetes de abogados y sindicatos. La intermediación que se ejercía sin concurso público era totalmente prescindible y, de hecho, en octubre pasado sacó una norma para eliminarlos.

6. ¿Por qué se quisieron ocultar actas a la juez y expurgaron papeles?

El argumento de la Junta sobre su colaboración «proactiva» con la justicia flaquea con las insinuaciones que se han vertido contra la juez instructora, el conflicto de las actas del Consejo de Gobierno (que no quería entregar) y las críticas a las imputaciones de altos cargos, como del que fuera director de Trabajo con Griñán, Daniel Alberto Rivera. Tampoco se ha aclarado por qué se expugaran documentosde los ERE antes de remitirlos a la justicia durante el fin de semana del 20 al 21 de noviembre de 2010 en la Consejería de Empleo.

7. ¿Por qué no ha sido destituido nadie pese al escándalo?

El caso ERE sigue sin una «cabeza» política. Los dirigentes de la Junta más vinculados con el caso -el propio Guerrero, Antonio Fernández,José Antonio Viera...- han desaparecido de la administración y de la primera línea política, pero siempre se le ha ofrecido la salida digna de una dimisión o un cese al margen del escándalo. La cuestión es evidente: si la propia Junta de Andalucía detectó el fraude y su gravedad, como sostiene Griñán, ¿por qué no hay un sólo dirigente destituido por el «caso ERE»?